En una audiencia virtual, el ente de control calificó la conducta que consistió en haber suscrito el contrato para realizar un evento de música llanera como «gravísima a título de culpa grave»
La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión por seis meses del gobernador de Arauca, José Castillo, por la firma de un contrato ($570 millones) para la realización de eventos y actividades artísticas en medio de la pandemia.
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En una audiencia virtual, el ente de control calificó la conducta que consistió en haber suscrito el contrato para realizar un evento de música llanera como «gravísima a título de culpa grave». La defensa del Gobernador apeló la decisión.
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Durante el juicio disciplinario la defensa del Mandatario departamental argumentó que el convenio fue cancelado y no se ejecutó.
Sin embargo, la Procuraduría reprochó que Castillo hubiera firmado el contrato a sabiendas de que el país se encontraba en época de pandemia y existían una serie de prohibiciones para realizar eventos de más de 50 personas.
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Para la Procuraduría, el Gobernador desconoció las herramientas legales para determinar la inconveniencia de celebrar el contrato.
«Se violó el principio de moralidad»
«Se consideró la posible transgresión del principio de moralidad y eficacia de la función administrativa, toda vez que el objeto del contrato no era posible de ser ejecutado, como se evidenció en el acta de liquidación el 17 de abril de 2020», anunció la Procuraduría en un comunicado anterior.
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La decisión será notificada al presidente de la República, Iván Duque, el mandatario departamental también es investigado por presuntas irregularidades en la adquisición de mercados con sobrecostos en el departamento, entre los que se encuentra la famosa lata de atún.
Defensa a lo indefendible
Tras conocerse la decisión el Gobernador emitió un breve comunicado en el que señaló que acata el fallo disciplinario, sin embargo advierte que «está ampliamente demostrado que tal celebración fue suspendida por nosotros acatando las medidas del Gobierno Nacional, y dicho contrato ni se ejecutó ni le causó ninguna erogación al Departamento».
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El mandatario departamento reiteró que apelo la decisión para que sea revisada en segunda instancia.
