La Corte Suprema de Justicia fue la encargada de tomar la decisión de condenar a prisión a Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien está vinculado a las irregularidades encontradas en el Programa de Alimentación Escolar en el departamento del Cesar.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia contra el exgobernador del César, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, condenándolo a 21 años y 8 meses de prisión, acompañados de una multa. Esta decisión llega tras un extenso proceso judicial en el que Monsalvo Gnecco fue hallado culpable de delitos graves relacionados con el manejo irregular de contratos millonarios en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La sentencia para Monsalvo Gnecco fue dictada el pasado mes de febrero; la investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación demostró que el exfuncionario generó un sobrecosto de 3.000 millones de pesos en contratos relacionados con la operación del PAE en el departamento durante el año 2015.
Los delitos por los que fue condenado incluyen contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Según el magistrado Ariel Augusto Torres, el exgobernador direccionó de manera irregular contratos millonarios dentro del PAE, causando un detrimento patrimonial al Estado y perjudicando directamente a los beneficiarios del programa de alimentación escolar en la región.
El fallo de la Corte Suprema también contempla una multa económica considerable de más de 1.537 millones de pesos como parte de las consecuencias legales por las acciones de corrupción de Monsalvo Gnecco. Además, se le ha impuesto la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período equivalente a su condena, lo que representa una medida adicional para prevenir futuras conductas delictivas en el ámbito público.
La defensa de Monsalvo Gnecco anunció su intención de apelar la sentencia, pero la contundencia de las pruebas presentadas durante el juicio respalda la decisión de la Corte Suprema como un ejemplo claro de justicia y responsabilidad en el ejercicio del servicio público.
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