En la rueda de prensa tanto el procurador Fernando Carrillo como el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, informaron que el gobernador de Arauca, Fernando Castillo, fue llamado a audiencia de juzgamiento disciplinario por un contrato para un evento multitudinario en medio de la pandemia

Procuraduría Chocó
La Procuraduría suspendió a un Gobernador y a un Alcalde por faltas disciplinarias en medio de la pandemia.

La Procuraduría General de la Nación suspendió este viernes al gobernador del Chocó, Ariel Palacios, por presuntas faltas disciplinarias cometidas al suscribir un contrato, que está en evaluación por la entidad de control, con la Fundación Chocó Saludable.

Dicho contrato, por $2.000 millones, se habría firmado para hacer capacitaciones frente a la pandemia del Covid-19, mientras los hospitales del departamento han exigido en reiteradas oportunidades ayudas del Gobierno del Chocó para adquirir recursos que se transformen en insumos de bioseguridad y para garantizar la estabilidad laboral y económica de los trabajadores de la salud.

Por este motivo, la Procuraduría decidió suspender a Ariel Palacio por tres meses, tras señalar que la Fundación Chocó Saludable tampoco está capacitada para prestar dichos servicios.

El ente de control también aclaró que este contrato no es prioridad para el departamento, dadas las circunstancias.

El contrato, detalladamente, habla sobre los servicios de capacitación sobre actividades relacionadas con ciclos educativos de limpieza, enfermedades crónicas, lactancia materna, sexualidad, prevención de enfermedades respiratorias, agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.

La Fiscalía de la Nación, en acto seguido, ordenó suspender dicho contrato con la Fundación Chocó Saludable.

En la rueda de prensa tanto el procurador Fernando Carrillo como el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, informaron que el gobernador de Arauca, Fernando Castillo, fue llamado a audiencia de juzgamiento disciplinario por un contrato para un evento multitudinario en medio de la pandemia.

Asimismo, el alcalde de Calarcá, Quindío, Luis Alberto Balsero Contreras, fue suspendido y será investigado por presuntas irregularidades con contrato de suministros por $396.951.000 que, además, involucra presunta falsificación de firma de un proveedor.

También se llamó a juzgamiento disciplinario, mediante procedimiento verbal, a la alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras, por presuntas irregularidades en dos contratos por más de $325 millones.

Por último el Procurador afirmó que en los casos de las alcaldías de Malambo y Soledad, en el Atlántico, y las gobernaciones de Cesar y Tolima, así como en otros 11 procesos, avanza la indagación preliminar para evaluación sobre posibles investigaciones disciplinarias.