“No puede ser posible que una familia de estrato uno, dos o tres no tengan $22.000, $20.000 o $16.000 para pagar un recibo de cualquier servicio público, le corten el servicio y luego les llegue un castigo por ser pobre»
De nueva cuenta, en el Congreso fue presentado un proyecto de ley que busca eliminar el cobro por reconexión de servicios públicos domiciliarios para los estratos uno, dos y tres.
Esta iniciativa fue tumbada por la Corte Constitucional tras ser objetada por el, en ese entonces, presidente Juan Manuel Santos. Senado y Cámara de Representantes rechazaron el proceder del Mandatario, pero el alto Tribunal terminó acabando con la ley por vicios de trámite.
«Esta vez sin errores»
El presidente del Senado de la República, Lidio García, radicó el texto la mañana de este viernes advirtiendo que en esta oportunidad no se cometerá error alguno para así sacar adelante lo que consideró una ley importante para los estratos más desfavorecidos del país.
A su juicio las empresas de servicios públicos están teniendo millonarias ganancias «a costa» de las personas menos favorecidas.
“No puede ser posible que una familia de estrato uno, dos o tres no tengan $22.000, $20.000 o $16.000 para pagar un recibo de cualquier servicio público, le corten el servicio y luego les llegue un castigo por ser pobre, un cobro por reconexión de hasta más de $50.000 pesos”, cuestionó el Senador.
«El gran negocio de las empresas»
También dijo que «cortarle un servicio público a la gente pobre en Colombia se le convirtió en el gran negocio a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios”.
“Sin prestar ningún servicio están recibiendo entre $70.000 y $80.000 millones al año en reconexión y en este país, y en todos los países del mundo no le cortan los servicios a los estratos cuatro, cinco y seis, sino a los más necesitados, que tienen que coger esos $20.000 porque no tienen para la comida de sus hijos en el día”, sentenció.
Más adelante reiteró que “hoy muchas veces es más rentable para las empresas hacer cortes, que prestar un servicio. Es un proyecto social que no tiene enemigos, los únicos enemigos son las empresas prestadoras de los servicios, no la gente del común”.
Para concluir García conminó a sus colegas congresistas a aprobar la iniciativa con la mayor celeridad posible y a la Corte Constitucional le hizo un llamado a aprobar y no ponerle trabas a lo que consideró un beneficio para los estratos más desfavorecidos del país.
