Según investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el funcionario era consciente de la afectación al medio ambiente
Una seccional de la Fiscalía especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos, Eje Temático de Protección de Recursos Naturales y Medio Ambiente imputó cargos al representante legal del Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, Mauricio Bernal Marcucci.
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El funcionario asumió el cargo desde 2016 y presuntamente tendría responsabilidad en los delitos de contaminación ambiental con circunstancias de agravación y daño a los recursos naturales en la zona del Relleno Sanitario.
«La investigación evidenciaría presuntas fallas por parte del Consorcio en el manejo y disposición de los residuos en el Relleno Sanitario Doña Juana, entre ellas, disgregación, compactación y cubrimiento de residuos. Así como, presuntas irregularidades en el manejo de lixiviados y estabilidad de taludes que aumentan la presencia de vectores y malos olores», explicó la Fiscalía
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«Según visitas técnicas realizadas por parte de la Fiscalía, al parecer, se estarían presentando vertimientos de lixiviados al cauce Del Río Tunjuelo en el sur de Bogotá, entre otras fallas que causan un grave daño al ecosistema», explicó Ángela Andrea Chacón, directora especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos.
Cargos contra representante legal de Doña Juana
#ATENCIÓN | Ante un juez de garantías, #Fiscalía imputó a representante legal del consorcio encargado de operar el relleno sanitario Doña Juana, en #Bogotá, por presunto daño a los recursos naturales y contaminación ambiental. pic.twitter.com/hTAAz4HJYV
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 8, 2020
Cabe mencionar que el pasado mes de julio, la DIAN ordenó embargar al operador de Doña Juana con una millonaria suma de dinero, así que este es otro de los problemas que enfrentan. «Ordenar el embargo de los créditos u otros derechos semejantes que existan o llegaren a existir, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa. Limitar la medida cautelar en la suma de $15.905.854.504 (…) por la cual se ordena el embargo de créditos u otros derechos semejantes», señala la resolución.
