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Los $10 billones no constituyen fondos adicionales: ACEMI sobre acuerdo MinSalud y EPS

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La presidenta de la agremiación indicó que estos fondos son giros normales de la UPC, sin ser dineros adicionales para las EPS.

Después de una reunión entre el Gobierno Nacional y los representantes de las EPS, mediada por la Defensoría del Pueblo, el ejecutivo informó que asignará fondos para asegurar la operatividad regular de Sura, Compensar y Sanitas. En conjunto, se anunció un reembolso de 10 billones de pesos para asegurar la atención a los pacientes durante el resto de 2023 y para mantener la provisión de servicios por parte de estas compañías.

«No hay evidencia alguna para señalar que los cálculos de la UPC, realizados para 2023, resulten insuficientes 8 meses después, ya que los estados financieros de las EPS no muestran una situación crítica«, añadió el Ministro de Salud.

Después de estas declaraciones, Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi, puntualizó que los fondos anunciados por el Gobierno no son extra y se alinean con los giros regulares de la UPC.

«Los recursos que se han girado corresponden a los giros ordinarios de la UPC, y los 10 billones son correspondientes a los que hacen falta para terminar el año, es decir, no son recursos nuevos«, enfatizó Vesga en una entrevista para La FM sobre los acuerdos entre el Gobierno con las EPS.

Esto quiere decir que esos recursos ya están en presupuestos y son los que están pendiente de pago hasta diciembre. Sin embargo, la presidenta de Acemi destacó la disposición del Ministerio de Salud para avanzar en las negociaciones y para revisar la UPC y los recursos destinados para las EPS.


Las EPS responden al anuncio de revisión presupuestaria del Minsalud con diez puntos clave y advierten sobre la falta de financiamiento después de septiembre.

ha comenzado a surgir una creciente tensión entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) SURA, Sanitas y Compensar y, el Ministerio de Salud en el contexto del Gobierno encabezado por Petro. A pesar de que las discusiones en torno a la reforma de salud habían disminuido después del cambio de legislatura en el Congreso, las preocupaciones sobre la disponibilidad de fondos han reavivado el debate.

Estas tres EPS han expresado su preocupación acerca de la disminución de los fondos proporcionados por el Estado para la atención anticipada de los pacientes. Existe la inquietud de que estos recursos estén agotándose y se ha advertido sobre la posibilidad de que, para septiembre, surja una crisis en la prestación de servicios de salud debido a esta carestía de financiamiento.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo anunció la creación de mesas técnicas en colaboración con las EPS y que serán responsables de llevar a cabo un análisis detallado de las finanzas del sistema de salud, con el fin de evaluar la actual situación económica. En este contexto, Jaramillo destacó que, si se identifican obstáculos en la sostenibilidad del sistema, se explorarán nuevas vías de financiamiento.

Tras las declaraciones de Jaramillo, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina IntegralAcemi-, el gremio que reúne a las EPS con afiliados principalmente en el régimen contributivo, emitió un comunicado en el que presentó varios puntos para ser abordados en las mesas técnicas.

En primera instancia, resaltaron la disposición del Gobierno para establecer estas mesas técnicas y enfatizaron que el problema no es nuevo, sino más bien el resultado de «una acumulación de insuficiencias estructurales, agravada por dificultades en el flujo de recursos que se han intensificado en los últimos años«.

Acemi ha reiterado una preocupación que han expresado durante varias semanas: la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación. Argumenta que esta insuficiencia se origina en el cálculo de la UPC, que utiliza valores atrasados de al menos dos años. Aseguran que el giro anticipado de recursos no es suficiente si los montos no son adecuados. No obstante, el Ministerio defiende que el cálculo de la UPC se basa en la inflación proyectada y que se anunció un aumento de más del 16 % para este año en diciembre pasado.

Además, las EPS han señalado que aún no han recibido los pagos correspondientes a los presupuestos máximos de julio y agosto, ni los ajustes por este concepto realizados en 2022.

El gremio hizo hincapié en la importancia de que la discusión no se enfoque exclusivamente en las debilidades del sistema. En su lugar, abogaron por una colaboración concertada entre todos los actores para reconocer los avances logrados hasta ahora, mejorar el sistema y abordar de manera conjunta las áreas que requieren ajustes.


Se revela el informe del Ministerio de Salud y la ADRES en respuesta a las quejas de las EPS Sanitas, Compensar y Sura.

En una carta revelada el 22 de agosto, tres EPS destacadas por sus indicadores y gran número de afiliados alertaron al Gobierno sobre la insuficiencia de recursos para mantener la atención médica de sus 13 millones de afiliados después de septiembre.

El tema ha reabierto el debate sobre las finanzas del sector de la salud, provocando una reunión de urgencia presidida por el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, así como otro encuentro entre los directivos de las aseguradoras, el Ministerio de Salud y la ADRES. Este miércoles 24 de agosto, se conoció el documento gubernamental que responde a las solicitudes planteadas por las EPS Sanitas, Sura y Compensar.

La respuesta se encuentra en un extenso informe de 44 páginas, firmado por el titular del Ministerio de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el viceministro y el director de la ADRES. A lo largo del documento, se abordan temas como la adecuación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), las cuentas por cobrar pendientes, los límites presupuestarios y las consecuencias del retraso originado por las atenciones durante la pandemia.

«Se concluye que desde el MSPS y la ADRES se ha dado estricto cumplimiento a la normatividad vigente en función con la asignación, reconocimiento y giro de los recursos asociados a cada uno de los procesos descritos, igualmente se reitera que, no fue posible identificar las presuntas deudas señaladas por las EPS Sanitas, Compensar y Sura«, concluye indicando el documento.

En este mismo informe, se admite que hasta el 1 de agosto de este año existen deudas pendientes de pago por un monto cercano a los $60.000 millones, distribuidos entre las tres aseguradoras. Además, se detalla que desde 2020 se han destinado cerca de 2 billones de pesos para cubrir servicios relacionados con la pandemia. De esta suma, aproximadamente 1 billón se destinó a pruebas de diagnóstico de COVID-19, mientras que 764.000 millones de pesos se utilizaron para costear servicios de atención médica en el contexto de la pandemia.

El gobierno reconoce un rezago en las cuentas, pero destaca que esta cifra es pequeña en comparación con el total que ya ha sido asignado a las EPS por concepto de gastos relacionados con el coronavirus. Otro aspecto relevante de la respuesta aborda los recursos que las EPS han invertido para cubrir servicios fuera del Plan de Beneficios, conocidos como presupuestos máximos.

Sobre las razones de las reclamaciones de las EPS, aseguran que, aunque la UPC fue aumentada en un 16% este año, dicho incremento se basó en una proyección de inflación del 5% en octubre del año pasado, mientras que la inflación real del 2022 superó el 12%.

Esto significa que existe un déficit de 6 puntos porcentuales que actualmente no se está reconociendo a las aseguradoras. A pesar del incremento histórico en el valor de la UPC, entregado a las EPS por cada afiliado, el presidente Gustavo Petro abordó el tema en un extenso mensaje en su cuenta, pero omitió señalar que este aumento no reflejó adecuadamente la realidad inflacionaria del país.


Tras la alerta de las EPS SURA, Sanitas y Compensar sobre su situación financiera y su operación en el país, el Ministerio de Salud también se pronunció.

Este martes 22 de agosto,  tres de las más importantes EPS del país, como lo son Compensar, Sanitas y Sura han comunicado su preocupación acerca de su viabilidad financiera, destacando que los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación resultan insuficientes para cubrir las demandas integrales del sistema.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, emitió declaraciones que cuestionaban la existencia de una crisis. No obstante, el presidente Gustavo Petro en ejercicio, también expresó su opinión al respecto, utilizando una extensa serie de mensajes en línea. En estos mensajes, principalmente revocó la afirmación de que el valor de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) no hubiese sido adecuadamente adaptado para asegurar la prestación óptima del servicio.

El jefe de estado desestimó tal escenario y afirmó que su administración incrementó en un 25% el presupuesto asignado al Ministerio de Salud en el presente año. Además, resaltó que tomaron la decisión de «aumentar el valor de la Unidad de Capitación, que sirve como base para remunerar a las EPS, multiplicada por el número de sus beneficiarios«.

Conforme a las declaraciones del mandatario, el aumento registrado fue del 16,2% anual, una cifra «significativamente superior a la tasa de inflación actual, que se encuentra en un 11% y sigue en descenso. Las finanzas del sistema de salud están aseguradas hasta el cierre del año.»

El presidente además subraya que, «los fondos públicos que proporcionamos terminan siendo desviados de manera irregular hacia intereses privados, provocando un deterioro tanto en la infraestructura pública como en las entidades privadas no vinculadas a los propietarios y gestores de EPS«.

En virtud de esto, ha anunciado que el Gobierno mantendrá una estrecha vigilancia sobre estas potenciales «anomalías». Aunque ratifica la recepción de quejas por parte de usuarios que no han recibido una atención adecuada por parte de las EPS y han recurrido a la Superintendencia de Salud, el presidente asegura que la responsabilidad no recae en el Gobierno.


SURA, Sanitas y Compensar han alertado al Gobierno por una crisis financiera. Desde septiembre, estas EPS han enfrentado dificultades operativas, impactando a cerca de 13 millones de afiliados.

A través de una carta con fecha del 27 de julio y dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, las tres principales EPS del país han alertado sobre la inminente crisis financiera que podría poner en riesgo a 13 millones de afiliados. El presidente de Sura, Pablo Otero; el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda; y el presidente de Compensar, Andrés Barragán, son los firmantes del comunicado.

«Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y, así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población«, indican en la carta las tres EPS.

Según las principales EPS, tres factores estructurales del sistema están generando esta situación crítica:

  • La insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir el Plan Básico de Beneficios.
  • La desproporcionada carga de enfermedades, ya que las EPS de mejor reputación atienden a los pacientes más graves sin recibir un reembolso adecuado.
  • El atraso gubernamental en el pago de deudas por COVID-19, recobros, presupuestos máximos y licencias.

Han pasado 15 días hábiles desde su presentación, sin respuesta del ministro de salud ni confirmación de su recepción. Estas EPS, con 13 millones de afiliados y 34 mil empleados, que sustentan a 136 mil personas, enfatizan que actúan con responsabilidad al denunciar esta situación. En los últimos dos años, las dificultades señaladas han agotado los fondos acumulados durante más de 20 años de existencia: 415 mil millones para Sanitas, 400 mil millones para Sura y 279 mil millones para Compensar.

Al finalizar su carta, los presidentes Otero, Rueda y Barragán le dicen al ministro Jaramillo que quieren: «apalancar un Sistema que cuide el avance alcanzado y donde se revisen los temas que aún necesitan transformarse, con la celeridad que reconozca la situación actual y la necesidad de mantener un modelo que cuide a los usuarios«.

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